Las preguntas más frecuentes acerca de la ley de discriminación racial de Arizona

¿Cuál es el problema con la Ley SB 1070 de Arizona?
Esta ley, promulgada el 23 de abril del 2010 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, requiere que los oficiales de la policía de Arizona exijan documentos que comprueben la ciudadanía o condición migratoria de las personas a quienes intercepten, únicamente con base en una “sospecha razonable” indefinida de que se encuentran en el país de manera ilegal. Sin embargo, en los Estados Unidos, prevalece la presunción de inocencia, por lo que la ley pone dicha presunción de cabeza.

Debido a que en la mayoría de los casos es difícil concebir que haya alguna manera de que a las autoridades les surja la sospecha de que alguien se encuentra aquí ilegalmente, la ley incita claramente a la discriminación racial por parte de los oficiales de la ley, que tenderán a basarse en la apariencia de las personas para tener la “sospecha” de que alguien no se encuentra en el país de manera legal. Por esto, la ley incita a la discriminación.

Según esta ley, las personas con apariencia de “extranjeros” tienen una mayor probabilidad de que se les intercepte por infracciones menores, como tener las direccionales quebradas, por cruzar la calle a pie de manera ilegal o tener el césped demasiado largo, y luego se les pueden pedir sus documentos si la policía cree, con tan solo mirarlos, que podrían encontrarse en los Estados Unidos de manera ilegal.

Eso significa que tanto los ciudadanos como las personas que no son ciudadanas tendrán que portar papeles en todo momento. Estas tácticas son clásicas de un estado policiaco, más comúnmente asociado con los gobiernos totalitarios.

¿Qué está haciendo la ACLU respecto a la ley?
La ACLU, MALDEF (Mexican-American Legal Defense Fund) y NILC (National Immigration Law Center), junto con otros grupos de derechos civiles, han entablado una demanda legal contra la ley en los tribunales federales para impedir que entre en vigor. La demanda acusa que la ley quebranta numerosas disposiciones de la Constitución de los EE.UU. Entre ellas destaca el hecho que contraviene la garantía de protección igual de la Decimocuarta Enmienda, ya que incita ilegalmente a la discriminación racial de los latinos y demás personas que tengan apariencia de extranjeros o hablen como ellos. Al interferir con la autoridad del gobierno federal para regular y hacer cumplir las leyes de inmigración, también se contrapone a la cláusula de supremacía de la Constitución de los EE.UU.

¿De qué manera provoca la ley la discriminación racial?
Al requerir que todos los miembros de los cuerpos policiacos interroguen a las personas a quienes intercepten acerca de su ciudadanía o condición migratoria, si tienen una “sospecha razonable” indefinida de que la persona se encuentre ilegalmente en el país, la ley SB 1070 alienta a la policía a basarse en la apariencia y en características como la raza, el origen étnico y el idioma. ¿De qué otra manera podría un oficial de la policía llegar a tener la sospecha de que una persona se encuentra en el país de manera ilegal? No hemos sabido de un sólo ejemplo de motivo legítimo para tener este tipo de sospecha de parte de ninguno de los promotores de la ley. El basarse en la apariencia de una persona no es ni “razonable” ni constitucional.

Esta ley, de hecho, alienta la discriminación racial de dos maneras. Primero, las autoridades podrían encontrar un motivo para interceptar a las personas debido a una infracción muy menor con base en su apariencia, y luego exigirle sus documentos. O bien, podrían pedirles que se detengan por un motivo libre de prejuicios y luego, con base en la apariencia y nada más, exigirles sus documentos. Los estadounidenses incluyen a personas de todas las formas y tamaños, de todo tipo de culturas y etnias, de todos los rincones del mundo. Si uno considera la larga trayectoria de la discriminación racial en este país contra personas de quienes se sospechaba se encontraban en el país ilegalmente, es muy fácil ver cómo puede ocasionar abusos una ley que requiere que los miembros de las fuerzas del orden exijan documentos únicamente con base en sus sospechas.

Por último, si se utilizan a oficiales de la policía que no están capacitados acerca de las complejidades y debido cumplimiento de las leyes federales de inmigración, es inevitable que ocurra la discriminación racial, especialmente en Arizona. Basta preguntarle a Julio y Julian Mora, un residente permanente legal y su hijo, ciudadano de los EE.UU., quienes fueron interceptados por alguaciles del Condado de Maricopa cuando circulaban por la vía pública y luego arrestados y trasladados al lugar donde se efectuaba una redada de inmigrantes.

Durante tres años, el Alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha desplegado ciento de alguaciles y bandas de voluntarios a los barrios latinos, reuniendo a las personas en la calle, interrogándolas y arrestándolas en puntos de inspección de tránsito, incluyendo a muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales, con base en la suposición de que podrían encontrarse ilegalmente en los Estados Unidos. A pesar de las demandas por los derechos civiles y la investigación del Departamento de Justicia acerca de estas prácticas, Arpaio no ha cesado. Una tercera parte de los residentes de Arizona ya viven en el Condado de Maricopa, y esta ley simplemente requeriría que todos los oficiales del estado actuaran como los comisarios de Arpaio.

¿Por qué es que las enmiendas a la ley no impedirán la discriminación racial?
Los cambios a la propuesta de ley que se introdujeron a la última hora, en respuesta a la indignación provocada por la discriminación racial, son superficiales y se crearon con la intención de ocultar el hecho evidente que, aparte de la apariencia, es difícil imaginarse otra manera de que un oficial de la ley pudiera sospechar que alguien no se encuentra en el país de manera legal. ¿Qué otros factores podría utilizar? ¿El acento? ¿El idioma? ¿El hecho de encontrarse cerca de otra persona que reconoce que no tiene documentos de migración? ¿Qué se “visten como extranjeros”?

Ya hemos visto esto en el Condado de Maricopa, donde habitan 2/3 partes de todos los residentes de Arizona y la Oficina del Alguacil y bandas de voluntarios han efectuado redadas masivas en los barrios latinos, arrestando a las personas en la calle y obligándolos a salir de sus autos por supuestas infracciones menores de tránsito y cosas parecidas. Los ciudadanos y los residentes legales de los EE.UU. han sido discriminados de esta manera por el simple hecho que tienen la apariencia de que podrían estar presentes de manera ilegal. De hecho, la ACLU ya representa a muchas personas que se encuentran en este país legalmente y que han sido víctimas de la discriminación, incluyendo a Julio y Julian Mora, mencionados con anterioridad.

El pedir a los conductores que detengan su vehículo por su apariencia y luego buscar algún motivo para justificar el hecho que se les pidió detenerse, que no sea por su raza, no tiene nada de nuevo. Lo hemos observado antes en otros contextos. A los afroamericanos se les ha hecho blanco de esta práctica por el simple hecho de “conducir y ser personas de raza negra.” En estudios anteriores donde se analizó el impacto de la policía participando en hacer cumplir las leyes migratorias, se advirtió un aumento notable en las incidencias en que los latinos han recibido multas por delitos menores insignificantes, y con frecuencia sin que se les llegue a procesar por estos delitos menores.

Si desea información adicional vaya a www.acluaz.org/DrivingWhileBlackorBrown.pdf, para ver un informe de la ACLU titulado “el conducir y ser persona negra o morena,” el cual analiza datos de los incidentes en que se ha pedido a conductores que se detengan en Arizona y que muestra que los miembros de minorías étnicas tienen muchas mayores probabilidades de que los registren y que se les obligue a detenerse y registre durante periodos más prolongados.

¿Qué tiene de malo que la policía de Arizona haga cumplir las leyes de inmigración?
Como ya lo han reconocido varios funcionarios importantes de las fuerzas del orden público, incluyendo la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, esta ley dañaría considerablemente la confianza que las autoridades necesitan de parte del público para proteger a los habitantes de Arizona, y enajenaría a los oficiales de la ley de las comunidades a las que sirven. La ley también obligaría a los oficiales de la policía a dedicar sus escasos recursos a la investigación de amenazas falsas en lugar de la aclaración de los delitos graves. El sistema de justicia penal se debilitaría debido a que las víctimas de la delincuencia serían más vulnerables y no estarían dispuestas a denunciar los delitos y los testigos tendrían miedo de cooperar por temor a que se les investigue. La policía local se vería en la difícil situación de basarse en los prejuicios y la discriminación racial, al pedirle a alguien que parezca o suene como extranjero que compruebe si es ciudadano o inmigrante legal.

Además, las pocas instancias en que el gobierno federal ha delegado el cumplimiento de las leyes de inmigración a las autoridades locales en Arizona, conforme al programa federal 287(g), han tenido resultados desastrosos, ocasionando la discriminación legal y otros atropellos a los derechos y libertades civiles. La jefatura del alguacil del Condado de Maricopa ya está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la ACLU ha entablado dos demandas que impugnan concretamente la discriminación contra los conductores latinos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y residentes respetuosos de las leyes, por acoso y atropello de sus libertades civiles.

¿Qué significa tener la “sospecha razonable” de que alguien se encuentre en el país ilegalmente?
Nadie, ni el gobernador que firmó la ley para que se promulgase, ha dado una buena explicación de lo que esto significa en el contexto de la ley. ¿Cómo se supone que un policía que hace sus rondas debe identificar a alguien que se encuentre en los Estados Unidos sin permiso, con el simple hecho de mirarlos? Por lo general, “sospecha razonable” es un término legal que describe las circunstancias bajo las cuales un oficial puede impedir que alguien se aleje caminando o conduciendo. Es más que una mera sospecha y requiere que un oficial se base en hechos objetivos que le hagan creer que se ha cometido o que se está cometiendo un delito. La discriminación generalizada que hemos visto en el Condado de Maricopa, incluso desde antes que se promulgara la Ley SB 1070, aunado al hecho que no se han dado los motivos legítimos para poder formular dichas sospechas en este contexto, no nos inspiran la confianza de que ésta sea una norma aplicable en Arizona, para este tipo de ley.

¿Cuál es la diferencia entre esta ley y la ley federal?
La ley de Arizona va mucho más allá que las leyes federales, dado que hace obligatorio para todos los policías y alguaciles del estado que exijan documentos de las personas a quienes intercepten y consideren que se encuentren en el país sin permiso. En la ley federal no existe dicho requisito. Esta ley pone de cabeza la suposición de inocencia y obliga a los oficiales de la ley a que exijan a las personas en la vía pública que comprueben que son ciudadanos estadounidenses, o al menos que se encuentran legalmente en el país. La discriminación racial que fomenta esta ley, con su norma indefinida de lo que constituye la “sospecha razonable” de que alguien se encuentre ilegalmente en el país, contravendría la garantía constitucional de protección igual bajo la ley, así como las garantías federales a los derechos civiles.

Hay varias maneras en que la ley de Arizona se contrapone directamente a las leyes federales respecto a la regulación y cumplimiento de las leyes migratorias. Como factor determinante, la Ley SB 1070 supone que la ciudadanía o condición migratoria de los individuos se puede determinar con facilidad, independientemente de los procedimientos administrativos tan complejos que se han establecido bajo nuestras leyes de inmigración. Sin embargo, esto es falso. Además, la ley de Arizona impondría sanciones estatales distintas contra las personas a causa de su conducta, como el permiso para trabajar en los Estados Unidos, lo cual está reglamentado directamente por las leyes federales. No sólo es esto anticonstitucional, según la cláusula de supremacía, sino también es mala política, dado que los Estados Unidos no puede tener un enjambre de leyes de inmigración contradictorias, dependiendo del estado donde uno se encuentre.

Los proponentes de la ley alegan que no está supeditada a las leyes federales debido a que se trata de “hacer cumplir la ley de manera concurrente”, lo cual es legal. En otras palabras, dicen que simplemente se trata de hacer cumplir las leyes federales. ¿Qué se puede decir ante eso?
Esta ley no trata de hacer cumplir las leyes federales, sino de crear leyes estatales nuevas y un sistema estatal nuevo, que requiere que la policía y comisarios locales le pidan a las personas que se detengan para pedirles sus documentos, de una manera que fomenta la discriminación racial de los latinos y de otros supuestos inmigrantes. Además, la Ley SB1070 penaliza conducta que no es delictiva bajo las leyes federales, como el hecho de trabajar sin permiso de trabajo.

Los proponentes de esta ley han desplegado su llamada doctrina de “hacer cumplir la ley de manera concurrente” al defender las leyes de vivienda anti-inmigrantes de Nueva Jersey, Pensilvania, California, Missouri y Texas, y en cada uno de esos casos, las restricciones a la vivienda han sido anuladas por los tribunales. Sin duda, la aún más extremosa Ley SB 1070 tendrá el mismo destino.

¿Qué no es ya un delito no portar documentos?
Mientras que hay leyes federales que exigen que ciertas personas que no sean ciudadanos porten documentos que les expide el gobierno federal, las disposiciones federales a las que alude esta propuesta de ley no exigen lo que Arizona exige con esta ley. Los funcionarios federales de inmigración han sido capacitados para revisar documentos de inmigración en circunstancias específicas, cuando se encuentran con individuos que ellos saben que no son ciudadanos. Ellos no abordan a individuos con apariencia de inmigrantes para pedirles que muestren sus documentos. De manera similar, y por muchas buenas razones, las leyes federales no exigen que los policías que hacen sus rondas, a quienes no se ha capacitado siquiera en las complejidades de las leyes de inmigración, le pidan a las personas que se detengan para pedirles que les muestren sus documentos.

¿No estaría usted de acuerdo que el estar en este país de manera ilegal es un delito? ¿Qué no esperamos que los oficiales de la ley impidan que se cometa un delito?
Esta ley convertiría a Arizona en un estado policiaco donde todos los residentes latinos, y otros que parecieran o hablaran como extranjeros, serían tratados como posibles sospechosos de un delito. Las políticas migratorias federales son muy complejas y conllevan sanciones tanto civiles como penales. El Congreso ha elegido no calificar como delito la mera presencia en los Estados Unidos sin permiso. Eso fue lo que motivó las marchas de millones de personas en todo el país en el 2005. No hay nada que impida que la policía investigue la conducta y la actividad verdaderamente delictiva dentro de los límites de la Constitución. Esta ley de Arizona es contraria al espíritu del estadounidense porque es excesiva y debilita nuestros valores de equidad e igualdad para todas las personas.